lunes, 16 de marzo de 2009

Cap agressió sense resposta

Hoy ya es lunes. En fin, que se acabó la joda. No es por ser aguafiestas, nada más lejos de mi intención, pero hay días para la lucha nocturna y otros para los ojos bien abiertos.

Hoy va de juicios. Porque hemos de recordar que hay unas leyes que tenemos que seguir y otras que se supone nos protegen. Es muy habitual que nos persigan tenazmente con las primeras en la mano, mientras esconden en el bolsillo de atrás las segundas. Por eso lo de los ojos abiertos…

Hoy se celebra en Sabadell, capital de la comarca barcelonesa del Vallès Occidental, un juicio contra los agresores de un joven gay. La agresión ocurrió en mayo de 2004, casi 5 años atrás, y, a pesar de la denuncia hecha por el FAGC en su momento, la justicia decide que la persona agredida tenga que esperar casi 1800 días con sus noches el momento de sentirse fuerte porque el Estado, a quien paga sus impuestos para que – entre otras cosas – pueda perseguir a quienes infringen la ley, tiene las patas cortas y la mirada miope, la voluntad dormida y la decisión silente cuando se trata de agresiones homófobas. Eso sí, el chaval tiene permiso del Estado – que no de la sociedad – para casarse…



Borra el odio.
Homofobia: inseguridad por ser heterosexual

El miércoles pasado hubo otro juicio, esta vez la agresión no tenía la forma de hostias sino de despido: echan del trabajo a dos enfermeros por ser seropositivos. Tras hacerles un examen médico para comprobar su aptitud laboral, se les comunica por teléfono, que están despedidos por ser 0+. Se supone que el personal sanitario tiene un protocolo de prevención de transmisión de enfermedades que protege a pacientes y trabajadores. ¿Qué motiva pues el despido? ¿Cómo es posible que una empresa, del sector sanitario además, se salte a la ligera la privacidad de las personas y discrimine de esta manera a dos personas por ser seropositivas?

Estos casos nos recuerdan que hemos de batallar con las leyes y los procedimientos que nos amparan frente a las fobias sociales hacia nuestras conductas y decisiones, que hemos de utilizar todos los recursos jurídicos a nuestro alcance para luchar contra su intención de preservar la “pureza de la normalidad”. Que nos obligan a no expresarnos con el peso de la ley, pues usaremos la ley para obligarles a aceptarnos.

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